La iniciativa solicita rechazar la extradición de Fergie Cox Chambers y alerta de que el caso forma parte de una estrategia más amplia contra la Corte Penal Internacional, Naciones Unidas y el movimiento internacional de solidaridad con Palestina
Un grupo de eurodiputados del Parlamento Europeo ha remitido una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños; y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, solicitando que España no autorice la eventual extradición a Estados Unidos del filántropo estadounidense James «Fergie» Cox Chambers.
Entre los firmantes figuran los eurodiputados españoles Jaume Asens (Greens/EFA), Pernando Barrena (The Left), Estrella Galán (The Left), Vicent Marzà (Greens/EFA), Ana Miranda (Greens/EFA), Irene Montero (The Left) e Isabel Serra (The Left), junto a Rima Hassan (The Left), Rasmus Nordqvist (Greens/EFA) y Marie Toussaint(Greens/EFA).
Los firmantes consideran que este procedimiento no puede analizarse como un caso aislado, sino en el contexto de la creciente ofensiva de la Administración estadounidense contra las instituciones encargadas de aplicar el Derecho internacional en relación con Palestina.
En los últimos meses, Estados Unidos ha sancionado a jueces y fiscales del Tribunal Penal Internacional por investigar presuntos crímenes internacionales en Palestina; ha sancionado a la relatora especial de Naciones Unidas, Francesca Albanese; ha intensificado la presión sobre organizaciones de derechos humanos que documentan violaciones del Derecho internacional en Gaza y, recientemente, el secretario de Estado, Marco Rubio, ha anunciado públicamente que su objetivo es «desmantelar la Corte Penal Internacional ladrillo a ladrillo».
Para los eurodiputados, la solicitud de extradición de Fergie Cox Chambers constituye un nuevo paso dentro de esa misma estrategia.
«No estamos ante un procedimiento de extradición cualquiera. Lo que está en juego es si Europa permitirá que campañas de persecución política impulsadas desde otros países se extiendan a nuestro territorio mediante los mecanismos de cooperación judicial», señalan los firmantes.
La carta recuerda que España no solo debe aplicar su legislación interna, sino también respetar las obligaciones derivadas del Derecho de la Unión Europea, del Convenio Europeo de Derechos Humanos y del Derecho internacional. En particular, subraya que la cooperación judicial internacional nunca puede utilizarse para perseguir a personas por el ejercicio legítimo de derechos fundamentales como la libertad de expresión, la libertad de asociación, la ayuda humanitaria o la solidaridad internacional.
Los eurodiputados advierten además de que una eventual extradición produciría un grave efecto intimidatorio sobre periodistas, organizaciones humanitarias, investigadores, universidades, activistas y ciudadanos europeos que desarrollan actividades de cooperación o solidaridad con Palestina.
«Si hoy Europa acepta la extradición de una persona conocida por financiar proyectos humanitarios y organizaciones de derechos humanos, mañana el precedente podrá extenderse a cualquier periodista, ONG, activista o ciudadano europeo que apoye una causa considerada incómoda por otro Gobierno», afirman.
Por ello, la iniciativa solicita al Gobierno español que haga uso de todas las facultades que le reconoce el ordenamiento jurídico español para impedir una extradición que, de confirmarse su motivación política, supondría un grave precedente para el Estado de Derecho, la soberanía europea y la independencia de la justicia internacional.
Los firmantes concluyen que la decisión que adopte España trascenderá el caso concreto de James Cox Chambers y constituirá una prueba de la capacidad de Europa para defender el Derecho internacional frente a quienes pretenden debilitarlo.