Jaume Asens exige a Marlaska y a la Generalitat detener la criminalización de la protesta política bajo falsas acusaciones de antisemitismo

El eurodiputado Jaume Asens se ha dirigido formalmente mediante cartas al Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y al Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya, para trasladar una profunda preocupación por la aplicación de los delitos de odio en contextos de protesta política. La iniciativa surge a raíz de la reciente apertura de diligencias contra los jóvenes que protestaron lanzando pintura durante un acto público de la periodista Pilar Rahola para denunciar su complicidad con el genocidio en Gaza.

Asens ha denunciado la anomalía de que, mientras a Pilar Rahola nunca se le ha investigado por sus discursos contra la población musulmana o por negar el holocausto palestino, los Mossos d’Esquadra y otras fuerzas de seguridad apliquen de forma arbitraria la figura del delito de odio antisemita a los activistas que la critican. Según la información disponible, la acción de estos jóvenes no se dirigía contra ninguna persona por el hecho de pertenecer al colectivo judío, sino contra posicionamientos políticos expresados en relación con el Estado de Israel.

El peligro de asimilar la crítica política con el antisemitismo

El eurodiputado advierte que existe un riesgo creciente de expansión interpretativa del derecho penal que impacta directamente sobre el ejercicio de los derechos fundamentales. Resulta preocupante que pueda producirse una identificación automática entre la crítica política, incluso si es disruptiva, y el discurso de odio dirigido contra un colectivo protegido.

«En muchas ocasiones, las autoridades policiales aplican definiciones de antisemitismo impulsadas por lobbies que confunden de manera interesada la crítica a las políticas de Israel con el racismo, olvidando, por ejemplo, resoluciones históricas de la ONU que identificaban el sionismo como una forma de discriminación«, denuncia Jaume Asens. 

«Esta confusión silencia el pensamiento crítico y ataca directamente la libertad de expresión. Además, como advierte el Tribunal de Estrasburgo, la mera apertura de un procedimiento penal o la simple calificación inicial de unos hechos como delito de odio por parte de la policía genera un grave ‘efecto desaliento’ (chilling effect) sobre el ejercicio legítimo del derecho de manifestación«, añade el eurodiputado.

Peticiones formales: Criterios claros y garantistas

Para dotar de mayor seguridad jurídica a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a los Mossos d’Esquadra, Asens solicita la aprobación de un protocolo o instrucción interna que establezca criterios interpretativos claros. Estos protocolos deben exigir:

  • La aplicación de los criterios de la Declaración de Jerusalén sobre el Antisemitismo, que distingue con precisión entre el antisemitismo real y la crítica severa a las políticas de un Estado.
  • El respeto a la doctrina consolidada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) sobre libertad de expresión, recordando el caso Handyside, que establece que la libertad de expresión protege también aquellas ideas que ofenden, chocan o inquietan.
  • La aplicación del estándar del caso Stankov, que refuerza la protección del derecho de reunión incluso en contextos de altísima tensión política.
  • La observancia del caso Ezelin, que advierte que sancionar a un participante en una manifestación requiere una necesidad social imperiosa que aquí no concurre.

Finalmente, Asens recuerda que la protección frente al racismo debe basarse en los estándares del Consejo de Europa. La Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia (ECRI) establece claramente que la lucha contra la intolerancia debe fundamentarse en la promoción de los derechos humanos. La propia ECRI subraya con firmeza que todo intento de silenciar o estigmatizar como antisemitas las críticas legítimas contra Israel y sus políticas pondrá en peligro los esfuerzos por luchar contra el verdadero antisemitismo y, por tanto, debería rechazarse.

«Es hora de proteger la libertad de expresión y dejar de castigar la disidencia política para encubrir la complicidad con la vulneración sistemática del derecho internacional«, concluye el eurodiputado.

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