Jaume Asens pide al Barça que retire el acuerdo con Babylon Park e investigue sus posibles vínculos con la ocupación israelí

El eurodiputado advierte de los riesgos jurídicos y reputacionales de la operación, reclama una auditoría independiente de derechos humanos y anuncia un requerimiento formal si la Junta mantiene la propuesta

El eurodiputado Jaume Asens ha dirigido una carta al presidente del Fútbol Club Barcelona, Joan Laporta, y a los miembros de la Junta Directiva en la que les pide que retiren la propuesta de acuerdo con Babylon Park Spain SL para instalar un espacio de ocio infantil en el nuevo Spotify Camp Nou durante más de cinco años.

El acuerdo debe ser sometido a ratificación de la Asamblea de Socios Compromisarios del próximo 19 de septiembre. Asens reclama que se retire del orden del día o, subsidiariamente, que se suspenda su votación hasta que se haya llevado a cabo una auditoría independiente, pública y suficiente sobre los riesgos jurídicos, institucionales, reputacionales y de derechos humanos de la operación.

“El Barça no puede comprometer sus espacios, su escudo y su prestigio internacional durante más de cinco años sin haber investigado previamente la estructura de propiedad, los inversores y las relaciones comerciales de la empresa israelí con la que pretende asociarse”, ha señalado Asens.

Babylon Park Spain SL está vinculada a una cadena de ocio fundada en Israel e integrada en un grupo con actividad internacional. Reclama que el Club investigue si la empresa, su matriz, sus inversores u otras sociedades del grupo mantienen actividades o relaciones económicas vinculadas a los asentamientos, a los territorios palestinos ocupados o a instituciones que contribuyen al mantenimiento de la ocupación.

“Resulta obligatorio, desde el punto de vista legal, saber si sus actividades, inversiones o relaciones comerciales contribuyen materialmente a una situación que la Corte Internacional de Justicia ha declarado ilegal”, ha explicado el eurodiputado.

El marco jurídico internacional

La carta recuerda que la Corte Internacional de Justicia, en su resolución de 19 de julio de 2024, declaró ilegal la presencia continuada de Israel en el territorio palestino ocupado y estableció que los estados no pueden reconocer como legal esta situación ni prestar ayuda o asistencia para su mantenimiento.

La iniciativa cita igualmente la Resolución A/RES/ES-10/24 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la OCDE sobre Conducta Empresarial Responsable.

Este marco exige aplicar una diligencia debida reforzada para evitar que una operación económica contribuya directa o indirectamente al mantenimiento de una situación ilegal o a vulneraciones graves de los derechos humanos.

La carta también recuerda las órdenes de detención dictadas en noviembre de 2024 por la Corte Penal Internacional contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, como expresión de la extraordinaria gravedad del contexto en el que se inscribe la operación.

De la economía de la ocupación a la economía del genocidio

Asens incorpora a la carta el informe A/HRC/59/23, presentado por la relatora especial de las Naciones Unidas Francesca Albanese con el título De la economía de la ocupación a la economía del genocidio.

El informe analiza la red de relaciones comerciales, financieras, tecnológicas e industriales que contribuyen a sostener la ocupación, los asentamientos y la destrucción de Gaza. También advierte que la responsabilidad empresarial puede ir más allá del suministro directo de armas y abarcar inversiones, financiación, tecnología, infraestructuras y servicios que contribuyan materialmente a mantener una situación ilegal.

“En este caso la diligencia debida obliga a investigar la cadena de propiedad, sus inversores y los impactos que pueden generar sus relaciones comerciales”, ha afirmado.

El llamamiento palestino al boicot, la desinversión y las sanciones

La iniciativa recoge también el llamamiento formulado desde 2005 por más de 170 organizaciones representativas de la sociedad civil palestina a través del movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS).

Las campañas de BDS piden a instituciones, empresas, inversores, organizaciones culturales y entidades deportivas que pongan fin a las relaciones económicas e institucionales que contribuyan a sostener, legitimar o normalizar la ocupación, los asentamientos, el apartheid o los ataques contra la población palestina.

Asens señala que el FC Barcelona debería escuchar antes de aprobar una asociación empresarial de larga duración.

“El Barça debe escuchar a la sociedad civil palestina. No puede proclamar su compromiso con los derechos humanos e ignorar el llamamiento de las personas que sufren la ocupación para que las instituciones internacionales dejen de contribuir a su normalización”, ha declarado el eurodiputado.

La infancia palestina

La carta destaca la contradicción que supone presentar la operación como un proyecto dedicado a la infancia mientras miles de niños y niñas palestinos han sido asesinados, heridos, mutilados o han quedado huérfanos en Gaza.

Asens se refiere al informe del 23 de junio de 2026 de la Comisión Internacional Independiente de Investigación sobre el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental, e Israel, titulado “La esencia de la infancia ha sido destruida”: el ataque deliberado contra los niños palestinos en el territorio palestino ocupado desde el 7 de octubre de 2023”.

La Comisión concluyó que las autoridades y las fuerzas de seguridad israelíes habían atacado deliberadamente a niños palestinos y que estas actuaciones podían constituir crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y, en el caso de Gaza, actos integrantes del genocidio. Según los datos recogidos en el informe, al menos 20.179 niños palestinos murieron entre el 7 de octubre de 2023 y el 7 de octubre de 2025.

“La palabra infancia no puede servir para vender entretenimiento en el Camp Nou mientras la infancia palestina es asesinada y privada de sus derechos más elementales. El Barça debe demostrar que los valores que proclama también se aplican cuando hay intereses económicos en juego”, ha declarado Asens.

Riesgos para la marca y el prestigio del Barça

La carta advierte que la operación puede perjudicar la reputación y el valor internacional de la marca FC Barcelona. El Club no cedería únicamente un espacio físico, sino que asociaría su nombre, el escudo, el Camp Nou y su proyección mundial a la empresa que desarrollaría la actividad allí.

Esta vinculación puede provocar campañas de rechazo, movilizaciones, peticiones de boicot, conflictos con patrocinadores y socios institucionales y una pérdida de confianza entre sectores de la masa social y de la afición internacional. También puede afectar a la credibilidad de las iniciativas del Club y de la Fundación Barça relacionadas con la paz, la infancia, las personas refugiadas y los derechos humanos.

El riesgo reputacional no depende exclusivamente de que se llegue a demostrar una participación directa de Babylon Park en actividades ilícitas. También puede derivar de la falta de transparencia, de la ausencia de una diligencia debida suficiente o de la decisión del Club de continuar con la operación después de haber sido advertido de los riesgos.

“La Junta no está cediendo solo unos metros cuadrados del Camp Nou. Está asociando el escudo, el nombre y la reputación mundial del Barça a un proyecto empresarial de larga duración. Si lo hace sin transparencia y sin una investigación previa, puede causar un perjuicio difícilmente reparable a la credibilidad del Club”, ha advertido Asens.

Las peticiones dirigidas al Club

La carta pide a la Junta Directiva:

  • que retire el acuerdo del orden del día de la Asamblea del 19 de septiembre;
  • que, subsidiariamente, suspenda la votación hasta que se haya elaborado una auditoría independiente de derechos humanos;
  • que haga pública la estructura de propiedad efectiva de Babylon Park Spain SL, sus principales inversores y las relaciones comerciales relevantes;
  • que acredite que la empresa y su grupo no mantienen actividades que contribuyan a los asentamientos o a la ocupación ilegal;
  • que haga pública cualquier evaluación sobre el impacto del acuerdo en la reputación, la marca y las relaciones comerciales del Club;
  • que preserve toda la documentación relacionada con la negociación, la evaluación y la aprobación del acuerdo;
  • que escuche a las organizaciones palestinas y valore las demandas de las campañas de boicot, desinversión y sanciones;
  • y que adopte una política general de diligencia debida en derechos humanos aplicable a patrocinadores, proveedores y socios comerciales.

Asens ha pedido una respuesta expresa y motivada antes de la Asamblea de Socios Compromisarios. Si la Junta mantiene la propuesta o no responde suficientemente a las cuestiones planteadas, el eurodiputado ha anunciado que presentará un requerimiento formal mediante burofax con certificación de contenido y acuse de recibo.

El requerimiento dejará constancia fehaciente de que la Junta ha sido advertida de los riesgos de la operación y pedirá que se conserve toda la documentación relacionada con el acuerdo y con los controles de diligencia debida efectuados.

La carta se ha remitido también, a efectos de conocimiento, a la Secretaría de la Junta Directiva, la Dirección General, el órgano de cumplimiento normativo, el Síndico de los Socios y Socias y la Comisión Económica del FC Barcelona, así como a Babylon Park Spain SL para que pueda aportar información sobre su estructura empresarial, sus actividades y sus políticas de derechos humanos.

“El Barça es más que un club porque sus decisiones tienen una dimensión que supera el ámbito deportivo. En un momento como este, una operación comercial puede convertirse en una forma de normalización. Pedimos transparencia, prudencia y coherencia con los valores que el Club afirma representar”, ha concluido Asens.

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