El eurodiputado de Comuns Jaume Asens pide a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que aplique el artículo 51 de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas y advierte: «Estamos pasando de las cacerías alentadas por la extrema derecha a imágenes de cacerías protagonizadas por miembros de las Fuerzas Armadas. Son cacerías de Estado y el Gobierno tiene que actuar ya»
Jaume Asens ha dirigido este viernes una carta formal a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para reclamar la identificación inmediata de los militares que aparecen en los vídeos de agresiones contra personas migrantes en Ceuta, la apertura de los correspondientes expedientes disciplinarios y la adopción de medidas cautelares para apartarlos de sus funciones mientras se investigan los hechos. Asens, miembro de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo y abogado, ha remitido la petición después de que elDiario.es haya publicado y verificado varios vídeos en los que se observa a militares persiguiendo a personas migrantes, golpeando con porras a un hombre cuando se encuentra ya en el suelo y rodeado y, en otra secuencia, empujando a otros migrantes hacia una zanja donde son golpeados. El medio señala asimismo que estos efectivos militares no ejercen funciones policiales, de seguridad ciudadana ni de orden público. «Hace una semana teníamos testimonios. Hoy tenemos imágenes. Investigar ya no es una respuesta suficiente si mientras tanto las personas que aparecen participando en estas agresiones continúan patrullando las calles de Ceuta», ha afirmado Asens.
El eurodiputado recuerda en su escrito que el ordenamiento jurídico permite actuar cautelarmente sin necesidad de esperar a la resolución definitiva del procedimiento. En concreto, el artículo 51.2 de la Ley Orgánica 8/2014, de Régimen Disciplinario de las Fuerzas Armadas, establece que, una vez incoado un procedimiento por una posible falta grave o muy grave, la autoridad competente puede acordar motivadamente el cese de funciones del presunto infractor por un máximo de veinte días para evitar perjuicios al servicio. Cuando se investigue una posible falta muy grave, el apartado 4 del mismo artículo permite además acordar el pase a la situación administrativa de suspensión de funciones. «La presunción de inocencia no significa que el Estado tenga que permanecer inmóvil. Precisamente para situaciones como esta existen las medidas cautelares. Si los militares que aparecen en las imágenes están identificados, Defensa puede incoar los expedientes y apartarlos inmediatamente de esas funciones mientras determina sus responsabilidades», sostiene Asens.
Agresiones vinculadas a discursos políticos deshumanizantes
El eurodiputado considera especialmente grave que los hechos se produzcan después de semanas de discursos políticos que han recurrido a expresiones de deshumanización contra las personas migrantes. El diputado de Vox José María Figaredo afirmó públicamente que había que «cazar a los inmigrantes uno a uno» y posteriormente se reafirmó en esas palabras. «Primero escuchamos a dirigentes de Vox hablar de “cazar” seres humanos. Después vimos a grupos ultras persiguiendo a migrantes, a quienes les daban comida y a periodistas. Y ahora vemos imágenes de miembros de las Fuerzas Armadas persiguiendo y golpeando a personas migrantes. No afirmo que exista una orden de Vox ni atribuyo una motivación política a estos militares sin pruebas. Sí afirmo que la deshumanización genera un clima en el que la violencia termina pareciendo tolerable. Y cuando quienes participan en esa violencia llevan el uniforme, las armas y la autoridad del Estado, la gravedad es todavía mayor», ha declarado.
Para Asens, «esto ya no puede despacharse únicamente anunciando otra investigación». Moncloa ha expresado este viernes su «consternación y condena» ante los vídeos y ha reiterado que abrirá una investigación. ElDiario.es informa que el Ministerio de Defensa, preguntado específicamente por las actuaciones recogidas en las imágenes, comunicó que no respondería a la consulta. «La ministra de Defensa tiene instrumentos legales para actuar y debe utilizarlos. Lo incomprensible sería que mañana las personas que hemos visto en estas imágenes siguieran patrullando las mismas calles y teniendo contacto con la misma población vulnerable como si nada hubiera ocurrido», ha señalado Asens. El eurodiputado también reclama que se investigue la eventual responsabilidad de los mandos, las órdenes impartidas y si existió conocimiento o tolerancia de estas prácticas, y que cualquier indicio de responsabilidad penal sea puesto en conocimiento de la autoridad judicial competente.
Cacerías de Estado
Asens ha vinculado los hechos con la escalada de violencia y deshumanización que, a su juicio, se está produciendo en Ceuta durante las últimas semanas. «Cuando una turba ultra persigue y golpea a una persona, el Estado tiene la obligación de protegerla. Cuando quienes la persiguen y la golpean llevan el uniforme y las armas del propio Estado, la pregunta es mucho más grave: ¿quién protege entonces a esa persona?», ha afirmado. Y añade: «Cuando los aparatos del Estado se suman a estas dinámicas de persecución estamos ante algo cualitativamente distinto. Son cacerías de Estado. Y el Gobierno no puede limitarse a mirar las imágenes, expresar consternación y prometer que investigará. Tiene la obligación política y jurídica de detenerlas.»
Asens responsabiliza asimismo al Gobierno de mantener una situación que considera insostenible en Ceuta: «El PSOE sigue sin resolver una situación en la que miles de personas han quedado concentradas en condiciones de enorme vulnerabilidad y tensión. Si además quienes protagonizan agresiones empiezan a percibir que no existe ninguna consecuencia inmediata, el mensaje que se transmite es peligrosísimo: que pueden volver a hacerlo. Y la próxima vez pueden ir más lejos.» «Un Estado democrático se reconoce también por cómo utiliza la fuerza frente a quien tiene menos poder. El uniforme no concede un derecho mayor a ejercer la violencia. Impone una responsabilidad mayor. Y defender el prestigio de las Fuerzas Armadas exige precisamente apartar, investigar y, en su caso, sancionar a quienes hayan utilizado ese uniforme para vulnerar derechos fundamentales», concluye Asens.