El eurodiputado de Comuns exige a España que recurra ante el TJUE el nuevo Reglamento de Retornos, que permite deportar personas a terceros países sin garantías de derechos fundamentales
En una nueva carta dirigida a la Presidencia del Gobierno y a los ministerios competentes, Asens recuerda que el pasado mes de marzo ya solicitó al Ejecutivo la preparación de esta vía legal. En aquel momento, el Gobierno optó por agotar primero la vía política e intentar frenar el texto en las instituciones europeas. «España hizo esa batalla. Fue el único Estado miembro que expresó formalmente su oposición al reglamento y cuestionó su legalidad. Ahora toca ser coherentes y defender esa misma posición ante los tribunales europeos«, sostiene Asens.
El escrito advierte que las razones jurídicas para recurrir la norma adquieren hoy mayor relevancia, ya que el texto plantea serias dudas de compatibilidad con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y la jurisprudencia del TJUE. En concreto, la petición señala las siguientes vulneraciones:
- Atenta contra el derecho a la libertad y a la seguridad (artículo 6 de la Carta) al ampliar tanto los supuestos como la duración de la detención administrativa de las personas migrantes.
- Vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 47 de la Carta) ante la falta de mecanismos efectivos de revisión y la evidente insuficiencia de garantías procesales.
- Infringe el principio de no devolución (non-refoulement) al promover la externalización de retornos hacia terceros Estados que no garantizan una protección efectiva de los derechos fundamentales.
- Compromete la exigencia fundamental de realizar una evaluación individualizada de cada caso, debido a la aplicación de procedimientos acelerados y mecanismos estandarizados de retorno.
La comunicación remitida al Gobierno subraya que la experiencia reciente demuestra que los tribunales europeos ya están sirviendo de contrapeso indispensable frente a las políticas de externalización migratoria. El documento señala específicamente el precedente de Italia, donde diversas resoluciones judiciales han cuestionado elementos centrales del modelo impulsado por el Gobierno de Giorgia Meloni, el cual ha servido de inspiración directa para parte de las medidas de este reglamento europeo.
Por todo ello, el eurodiputado señala que la interposición de este recurso de anulación no constituye únicamente una facultad procesal del Estado, sino una oportunidad crucial para que España defienda ante la justicia los principios que ha sostenido durante todo el debate legislativo. «La batalla política ha terminado. Ahora empieza la batalla judicial», concluye.